Han transcurrido más de ocho meses desde la declaración del estado de alarma y  no se han tomado las medidas legales necesarias para adaptar los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF) a las especiales circunstancias de la crisis generada por el COVID 19.

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El REF de Canarias debe permitir acortar los sobrecostes que padecemos en el archipiélago canario por la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, condicionante geográfico estructural que dificulta la creación y mantenimiento del empleo en las islas y que por ello contiene herramientas incentivadoras de la inversión y el empleo en las islas.

Este condicionante estructural se ve agravado por una adversa situación sanitaria global sin precedentes que está paralizando sectores vitales de la economía insular, siendo sin lugar a dudas una de las más castigadas del panorama nacional y europeo con una fuerte contracción del Producto Interior Bruto y empleo.

En estas circunstancias el REF debe ponerse al servicio de la reconstrucción social y económica de Canarias para superar las devastadoras consecuencias de la pandemia del coronavirus, tal como acertadamente se recogía en el informe de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 12 de abril, que señalaba, desde entonces, que debían ponerse en marcha medidas de flexibilización de los requisitos legales de los incentivos canarios.

En los difíciles tiempos que estamos viviendo, con elevadísimas incertidumbres de toda índole, sanitarias y económicas, derivadas de la crisis generada por el COVID 19, en el archipiélago canario es imprescindible contar con un marco tributario dotado de seguridad  jurídica para todos los contribuyentes y que ofrezca un grado de certeza razonable a los operadores económicos de los incentivos a su alcance.

Por ello, ahora más que nunca, se precisa que la normativa vigente sea lo suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y desplieguen sus efectos económicos beneficiosos en las islas, adaptándose a las actuales circunstancias de forma que realmente puedan contribuir a paliar la grave situación a la que el empleo en el archipiélago se está viendo sometido.

En ese sentido, el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, propuesto por el Gobierno de Canarias, recogía en su declaración institucional de 30 de mayo el compromiso de revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales “para adaptarlos a las actuales circunstancias … flexibilizando sus plazos y requisitos e incentivando el mantenimiento y creación de empleo”, para incrementar la liquidez empresarial y la inversión en el archipiélago.  

El pacto, que posteriormente se refrendó en el Parlamento canario, recogía la necesidad de modificar y adaptar a las actuales circunstancias instrumentos del REF tales como la RIC, DIC, ZEC y los límites a las ayudas de estado regionales con flexibilidad. Adquiriendo el compromiso de eliminar los obstáculos que dificultan su aplicación y aprovechamiento, flexibilizando temporalmente ciertos requisitos, especialmente los relativos al mantenimiento y materialización de inversiones e incentivar la generación y mantenimiento de empleo, la liquidez empresarial y la inversión privada. Y solicitar la elevación de los límites de ayuda de estado regionales al funcionamiento, así como activar mecanismos que permitan recuperar e incentivar la inversión privada cuanto antes y fomentar la movilización de recursos que tienen dotados las empresas en diferentes instrumentos fiscales y, prioritariamente, en la RIC.

Sin embargo, prácticamente nada de esto se ha concretado hasta hoy y continúan siendo numerosas las incertidumbres y lagunas que poseen en estos momentos los inadaptados incentivos fiscales, sin que hasta la fecha se haya incorporado ni una sola medida en este ámbito para afrontar esta difícil coyuntura de las solicitadas a principios del mes de abril por la Asociación Española de Asesores Fiscales, la Confederación Canaria de Empresarios y CEOE Tenerife a través del Gobierno de Canarias para su traslado a Madrid.

Es conocida la existencia de conversaciones desde hace meses entre el Gobierno de Canarias y el del Estado y la solicitud formal por escrito efectuada a inicios del mes de agosto desde la Comunidad Autónoma. La respuesta estatal ha sido inexistente.

Las cuestiones a resolver están claramente identificadas, deben precisarse y aclararse las fechas desde las que producen efectos las redacciones dadas a varios apartados del artículo 27 que regula la Reserva para Inversiones de la Ley 19/1994, con ocasión de la Ley 8/2018, deben eliminarse los numerosos obstáculos que continúan impidiendo la aplicación del incentivo a su finalidad en relación con el aprovechamiento y rehabilitación de los activos usados y las incertidumbres que pesan sobre la materialización en creación de empleo.

Asimismo, la suspensión y contracción de la actividad económica producida por la crisis sanitaria en todos los sectores de actividad y, particularmente, en determinados sectores esenciales en la economía (sector turístico y actividades directamente relacionadas con el mismo, comercio minorista, la restauración y el ocio, etc.), los retrasos en los trámites administrativos, unidos a la disminución de la actividad en otros sectores necesarios para el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos (construcción, distribución, servicios profesionales técnicos, actividad administrativa, etc.) y las dificultades para obtener financiación bancaria, han obstaculizado enormemente la realización de las inversiones empresariales previstas durante este año 2020. Por ello, Canarias precisa la urgente flexibilización de los plazos de inversión, periodos de utilización y/o mantenimiento de dichas inversiones y especialmente en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la creación y mantenimiento del empleo como medio de materialización de la RIC y a los efectos de permitir el disfrute del régimen de la Zona Especial Canaria.

En este sentido, y como paradigma de la sensatez de las reivindicaciones, los regímenes forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, con economías mucho más saneadas y con menor desempleo que el de nuestras Islas, ya han flexibilizado incentivos, ampliando el plazo para invertir en sus reservas especiales durante un año, con argumentos tales como “a fin de que los y las  contribuyentes cuenten con plazos razonables que posibiliten su aplicación.” “se ha concluido la necesidad de regular una prolongación de algunos de esos plazos y condicionados, para evitar situaciones que, no previstas, y de fuerza mayor, provoquen el incumplimiento de dichos condicionados”.

Se acerca el final de año y por ello los Decanos, Presidentes y Responsables de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias, la Cátedra del REF de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, el Área de Fiscalidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (ESCOEX) de la Universidad del Atlántico Medio, el Colegio de Economistas de las Palmas, el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Abogados de Las Palmas, unidos, con el ánimo de contribuir a la necesaria reactivación económica de nuestra Comunidad Autónoma, reivindican que se aclare, flexibilice y adapte el marco normativo de los aspectos tributarios del REF, sin más demora, a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo en este año 2020 derivadas de la pandemia global del Coronavirus COVID 19 firman el presente manifiesto.

Todos juntos, ahora más que nunca, debemos defender nuestros fueros y necesidades como región ultraperiférica.

Firman el presente documento:

1. Jaime Cabrera Hernández, Delegado Regional en Canarias de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias (AEDAF).
2. Salvador Miranda Calderín, como Director de la Cátedra del REF de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
3. Juan Luis Alayón García, como Presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias.
4. Orlando Luján Mascareño, como Director del M.T.E. de la Universidad del Atlántico Medio.
5. Juan Antonio García González, como Decano del Colegio de Economistas de las Palmas.
6. Miguel Angel Sánchez Martín, como Decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.
7. Samuel Cruz Palenzuela, como Decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife.
8. Jose Manuel Niederleytner García-Lliberós, como Decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
9. Rafael Massieu Curbelo, como Decano del Colegio de Abogados de Las Palmas

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