La AFC se hace eco —con reservas y a la espera de confirmación oficial— de la posible moratoria de dos años en la implantación obligatoria del sistema VeriFactu

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AFC) informa —con la debida cautela y a la espera de la publicación oficial en el Boletín correspondiente— de que el Consejo de Ministros habría aprobado un Real Decreto que incluiría una moratoria mínima de dos años en la implantación obligatoria del sistema VeriFactu.
Según la información difundida por organizaciones empresariales de ámbito autonómico como Pimec, esta moratoria tendría como objetivo facilitar la adaptación de pymes y microempresas al nuevo sistema de control de facturación electrónica, evitando impactos negativos sobre su viabilidad económica.
Desde la AFC, y sin perjuicio de la espera obligada a la confirmación oficial, valoramos positivamente cualquier medida que otorgue a las pymes un margen razonable para adaptarse a cambios tecnológicos de alto impacto. En Canarias, donde el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por microempresas, autónomos y pequeñas sociedades, una implantación precipitada del sistema podría generar dificultades añadidas en sectores ya tensionados.
La AFC recuerda que la digitalización es un objetivo compartido, pero debe realizarse garantizando siempre la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la capacidad real de adaptación de las empresas. Asimismo, insistimos en la conveniencia de que cualquier ampliación de plazos vaya acompañada de:
- Ayudas económicas directas y subvenciones tecnológicas para la transición digital.
- Programas formativos y acompañamiento técnico a empresas y profesionales.
- Mecanismos fiscales de incentivo para quienes adopten anticipadamente estos sistemas (bonificaciones o deducciones en el ámbito tributario).
La Asociación seguirá muy atenta a la publicación del Real Decreto y a los detalles normativos definitivos, y actualizará su posición en cuanto la información sea oficial. Nuestro compromiso es ofrecer a los asesores fiscales y a las empresas canarias una interpretación rigurosa y actualizada del marco regulatorio que afecte a sus obligaciones formales y tributarias.
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